La Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas para suspender la orden de la Junta de Castilla y León que limita a 25 personas el aforo de celebraciones religiosas.
Por ello considera que se trata de una medida «muy severa y extraordinariamente desproporcionada que no responde a ningún criterio médico o epidemiológico y que jurídicamente no cumple con el criterio de proporcionalidad y resulta muy amplia y ambigua».
La organización de juristas considera que «la medida impulsada por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, es una prohibición de facto de ir a misa y recuerda que las Comunidades Autónomas no tienen competencias para restringir derechos fundamentales». No descarta acudir incluso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por lo que considera «un ataque a la libertad religiosa», según ha informado a través de un comunicado.
La presidenta de la organización ultracatólica, Polonia Castellanos, denuncia que «ayer en la Catedral de Valladolid se prohibió entrar en misa a muchas personas por superar el límite de aforo de 25, mientras en un teatro de la ciudad, mucho más pequeño se permitía acudir a más de 100».
Destaca además un Auto reciente del Juzgado de lo Contencioso de Albacete que señala que «el ejercicio de la libertad religiosa, con las limitaciones y condiciones ya impuestas por las normas estatales, no supone peligro cierto de contagio». Y destaca que «el estado de la ciencia actual de público y notorio conocimiento permite afirmar que los actos religiosos no están entre los elementos propagadores del virus, a diferencia de las celebraciones familiares, actividades lúdicas y recreativas y el ocio nocturno…».
La Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas para suspender la orden de la Junta de Castilla y León que limita a 25 personas el aforo de celebraciones religiosas.Por ello considera que se trata de una medida «muy severa y extraordinariamente desproporcionada que no responde a ningún criterio médico o epidemiológico y que jurídicamente no cumple con el criterio de proporcionalidad y resulta muy amplia y ambigua».La organización de juristas considera que «la medida impulsada por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, es una prohibición de facto de ir a misa y recuerda que las Comunidades Autónomas no tienen competencias para restringir derechos fundamentales». No descarta acudir incluso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por lo que considera «un ataque a la libertad religiosa», según ha informado a través de un comunicado.La presidenta de la organización ultracatólica, Polonia Castellanos, denuncia que «ayer en la Catedral de Valladolid se prohibió entrar en misa a muchas personas por superar el límite de aforo de 25, mientras en un teatro de la ciudad, mucho más pequeño se permitía acudir a más de 100».Destaca además un Auto reciente del Juzgado de lo Contencioso de Albacete que señala que «el ejercicio de la libertad religiosa, con las limitaciones y condiciones ya impuestas por las normas estatales, no supone peligro cierto de contagio». Y destaca que «el estado de la ciencia actual de público y notorio conocimiento permite afirmar que los actos religiosos no están entre los elementos propagadores del virus, a diferencia de las celebraciones familiares, actividades lúdicas y recreativas y el ocio nocturno…».Read MoreElDiario.es – ElDiario.es