El sector conservador fuerza un pronunciamiento del Poder Judicial sobre la reforma de PSOE y Podemos que limita sus funciones con el mandato caducado Elena Herrera

El sector conservador fuerza un pronunciamiento del Poder Judicial sobre la reforma de PSOE y Podemos que limita sus funciones con el mandato caducado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en el Pleno del próximo jueves dos escritos relativos a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita sus atribuciones cuando su mandato haya caducado, como ocurre en la actualidad desde hace dos años por el rechazo del Partido Popular a su renovación.

El órgano de gobierno mantiene desde 2013 una mayoría de vocales conservadores que obedece a la correlación de fuerzas que había entonces, cuando fue elegido con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. La reforma de los partidos que sustentan el Gobierno, cuya admisión a trámite será debatida este martes en el Congreso, pretende impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales cuando su mandato esté caducado. El órgano ha adjudicado 57 puestos de alto nivel en los principales tribunales en esta situación de interinidad y pretende hacer más nombramientos este jueves

La iniciativa de examinar esa proposición parte de once vocales del sector consevador, que también afronta dividido esta cuestión. Uno de los escritos, firmado por los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán propone directamente que el CGPJ examine la proposición de ley. El otro, suscrito por los vocales Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde plantea que se solicite al Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley. Es decir, solicitan que ese pronunciamiento se haga a instancias de la Cámara y cuente con su aval. 

La reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos —en lugar de proyecto de ley del Gobierno—, lo que permite sortear su control previo porque de esta forma no hay que pedir los informes preceptivos aunque no vinculantes al CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Con este movimiento, parte de la mayoría conservadora pretende que la iniciativa legislativa sea «examinada» por el órgano de gobierno de los jueces aunque sin ningún efecto práctico. Para ser aprobada, la propuesta tiene que contar con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno. Es decir, de al menos once de sus 21 miembros (20 vocales más el presidente).

El pasado octubre, doce vocales —seis conservadores y seis progresistas— más el presidente Lesmes suscribieron una declaración relativa a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ, que fue retirada para propiciar un acuerdo con el PP para la renovación del órgano. Esa iniciativa recibió el rechazo frontal de parte de la oposición y de tres de las cuatro asociaciones judiciales. La Comisión Europea también advirtió a España de que se debe «reducir la influencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial». 

Entonces, esos doce vocales más Lesmes suscribieron una declaración en la que, aunque no valoraron las últimas iniciativas legislativas presentadas sobre el sistema de elección de sus vocales, sí expresaron su “preocupación” por que éstas se lleven a cabo “conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea”.

También avisaron de que el órgano de gobierno de los jueces estaría “atento” a las iniciativas parlamentarias que se presentaran encaminadas a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y de que expresaría su “opinión fundada” en caso de que entendiera “que cualquier iniciativa que se retome o que se plantee (…) pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en el Pleno del próximo jueves dos escritos relativos a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita sus atribuciones cuando su mandato haya caducado, como ocurre en la actualidad desde hace dos años por el rechazo del Partido Popular a su renovación. El órgano de gobierno mantiene desde 2013 una mayoría de vocales conservadores que obedece a la correlación de fuerzas que había entonces, cuando fue elegido con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. La reforma de los partidos que sustentan el Gobierno, cuya admisión a trámite será debatida este martes en el Congreso, pretende impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales cuando su mandato esté caducado. El órgano ha adjudicado 57 puestos de alto nivel en los principales tribunales en esta situación de interinidad y pretende hacer más nombramientos este jueves. La iniciativa de examinar esa proposición parte de once vocales del sector consevador, que también afronta dividido esta cuestión. Uno de los escritos, firmado por los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán propone directamente que el CGPJ examine la proposición de ley. El otro, suscrito por los vocales Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde plantea que se solicite al Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley. Es decir, solicitan que ese pronunciamiento se haga a instancias de la Cámara y cuente con su aval. La reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos —en lugar de proyecto de ley del Gobierno—, lo que permite sortear su control previo porque de esta forma no hay que pedir los informes preceptivos aunque no vinculantes al CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Con este movimiento, parte de la mayoría conservadora pretende que la iniciativa legislativa sea «examinada» por el órgano de gobierno de los jueces aunque sin ningún efecto práctico. Para ser aprobada, la propuesta tiene que contar con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno. Es decir, de al menos once de sus 21 miembros (20 vocales más el presidente).El pasado octubre, doce vocales —seis conservadores y seis progresistas— más el presidente Lesmes suscribieron una declaración relativa a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ, que fue retirada para propiciar un acuerdo con el PP para la renovación del órgano. Esa iniciativa recibió el rechazo frontal de parte de la oposición y de tres de las cuatro asociaciones judiciales. La Comisión Europea también advirtió a España de que se debe «reducir la influencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial». Entonces, esos doce vocales más Lesmes suscribieron una declaración en la que, aunque no valoraron las últimas iniciativas legislativas presentadas sobre el sistema de elección de sus vocales, sí expresaron su “preocupación” por que éstas se lleven a cabo “conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea”.También avisaron de que el órgano de gobierno de los jueces estaría “atento” a las iniciativas parlamentarias que se presentaran encaminadas a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y de que expresaría su “opinión fundada” en caso de que entendiera “que cualquier iniciativa que se retome o que se plantee (…) pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea”.Read MoreElDiario.es – ElDiario.es

Publicada el
Categorizado como Noticias

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Generated by Feedzy