La Consejería de Sanidad de Castilla y León desautoriza las medidas antiaborto de García-Gallardo Laura Cornejo

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León afirma ahora que no habrá cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas de Castilla y León y desautoriza así al vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), que anunció este jueves la aplicación de medidas «provida» ante el «escalofriante» dato de abortos voluntarios en la Comunidad. Desde la Consejería insisten en ceñirse a la nota de prensa –que también matizan y contradicen– que se facilitó a los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y precisan que el consejero, Alejandro Vázquez (PP) sólo hará declaraciones a agencias.

La nueva crisis de comunicación de la Junta se origina apenas 24 horas después de que García-Gallardo anunciase las medidas para reducir la tasa de abortos, entre ellas, ofrecer a las embarazadas escuchar el latido fetal durante el primer trimestre, o acceder a una ecografía 4D para ver al feto en movimiento y distinguir manos, pies y rasgos, además de derivar a las gestantes a salud mental si lo requerían.

Estas afirmaciones de García-Gallardo se hicieron delante del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP) que en ningún momento intervino para matizar las declaraciones del vicepresidente. Desde el Gobierno autonómico insisten en que sólo es válido «lo que está escrito» en la nota de prensa. En ella se habla, y no se aclara por qué, de «madres gestantes», y no de mujeres gestantes. Además, se dice textualmente que se implantará «un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada del primer trimestre».

Lo que dice ahora la Consejería es que la escucha del latido fetal se podrá hacer a partir de la semana 12 de embarazo, es decir, cuando acaba el primer trimestre, y no como opción que pueda elegir la mujer sino «bajo petición médica, porque el latido del feto no siempre puede escucharse antes de esa fase».

Lo mismo ocurre con la derivación de embarazadas a salud mental. García-Gallardo se refirió a una «atención preferente», algo que sí figura en la nota de prensa. Pero la Consejería matiza este viernes que la atención se ofrece a todas las pacientes que lo necesiten, sea cual sea su decisión, cuando la matrona detecte que puede existir un problema de salud mental que deba ser tratado por un psicólogo clínico.

Tampoco mantiene la Consejería de Sanidad ni lo expresado por García-Gallardo sobre las ecografías 4D para ver «en tiempo real» el vídeo con «la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado», ni lo expresado en la nota de prensa, que dice eso mismo y que «se promoverá» el acceso a estas ecografías «a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo», algo que «favorece la implicación emocional para la madre y la familia».

Lo que explica ahora Sanidad es que estas ecografías que se realizan en todos los hospitales de Castilla y León excepto en los de Segovia y Ávila, «se van a seguir ofreciendo» –por lo tanto no es una nueva medida– y no va a ser un ofrecimiento a la embarazada, sino «bajo criterio médico», si el ginecólogo considera que pueden detectarse enfermedades o malformaciones en el feto. «En ningún caso es para que la madre pueda ver la cara del feto», aseguran a pesar de que la nota de prensa lo decía textualmente.

El vicepresidente, Juan García-Gallardo, tan solo ha asegurado esta mañana que todas las medidas fueron «obviamente consensuadas con la Consejería de Sanidad» y que se aplicarán «inmediatamente». Fuentes de la Junta de Castilla y León han precisado a elDiario.es que la nota de prensa de la que ahora se desdice en parte Sanidad fue elaborada por la propia Consejería.

En el pulso entre PP y Vox ha entrado Borja Sémper, portavoz nacional del comité de campaña recién nombrado por Alberto Núñez Feijóo. Sémper ha dicho que su formación no va a “tragar con cualquier cosa” y que expresará su rechazo a las medidas con las que no está de acuerdo y se quieran “imponer”. A su entender, son “perfectamente compatibles las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer”, informa Europa Press.

Mientras tanto, ya hay dos consejeros ‘populares’ que respaldan las medidas anunciadas por el vicepresidente de Vox. La consejera de Familia, Isabel Blanco (PP), cree que las medidas son acertadas y asegura que «todo lo que sea avanzar en la mejora de la calidad, dar más servicios y prestaciones» es «bueno». Esas medidas se tomarán para «todas las mujeres embarazadas» y ellas elegirán «desde su libertad» si quieren o no utilizarlas.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, (PP) ha subrayado la «absoluta voluntariedad» para las mujeres y los profesionales. «En ningún caso se va a obligar al sanitario a tomar una decisión en contra de la ley, porque estas medidas garantizan la correspondiente aplicación de la ley», ha aseverado en declaraciones a los medios.

Carnero también ha negado que la implementación de estas medidas se abordara en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, aunque ha evitado valorar si esto supone una desautorización a las palabras del vicepresidente de la Junta. «No creo que ni lo esté desautorizando, ni no desautorizando», ha subrayado, tras lo se ha remitido a la información facilitada por la Consejería de Sanidad, cuya interpretación de los protocolos anunciados es a la que se acoge y la que considera «válida».

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León afirma ahora que no habrá cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas de Castilla y León y desautoriza así al vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), que anunció este jueves la aplicación de medidas «provida» ante el «escalofriante» dato de abortos voluntarios en la Comunidad. Desde la Consejería insisten en ceñirse a la nota de prensa –que también matizan y contradicen– que se facilitó a los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y precisan que el consejero, Alejandro Vázquez (PP) sólo hará declaraciones a agencias. La nueva crisis de comunicación de la Junta se origina apenas 24 horas después de que García-Gallardo anunciase las medidas para reducir la tasa de abortos, entre ellas, ofrecer a las embarazadas escuchar el latido fetal durante el primer trimestre, o acceder a una ecografía 4D para ver al feto en movimiento y distinguir manos, pies y rasgos, además de derivar a las gestantes a salud mental si lo requerían. Estas afirmaciones de García-Gallardo se hicieron delante del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP) que en ningún momento intervino para matizar las declaraciones del vicepresidente. Desde el Gobierno autonómico insisten en que sólo es válido «lo que está escrito» en la nota de prensa. En ella se habla, y no se aclara por qué, de «madres gestantes», y no de mujeres gestantes. Además, se dice textualmente que se implantará «un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada del primer trimestre». Lo que dice ahora la Consejería es que la escucha del latido fetal se podrá hacer a partir de la semana 12 de embarazo, es decir, cuando acaba el primer trimestre, y no como opción que pueda elegir la mujer sino «bajo petición médica, porque el latido del feto no siempre puede escucharse antes de esa fase».Lo mismo ocurre con la derivación de embarazadas a salud mental. García-Gallardo se refirió a una «atención preferente», algo que sí figura en la nota de prensa. Pero la Consejería matiza este viernes que la atención se ofrece a todas las pacientes que lo necesiten, sea cual sea su decisión, cuando la matrona detecte que puede existir un problema de salud mental que deba ser tratado por un psicólogo clínico.Tampoco mantiene la Consejería de Sanidad ni lo expresado por García-Gallardo sobre las ecografías 4D para ver «en tiempo real» el vídeo con «la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado», ni lo expresado en la nota de prensa, que dice eso mismo y que «se promoverá» el acceso a estas ecografías «a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo», algo que «favorece la implicación emocional para la madre y la familia». Lo que explica ahora Sanidad es que estas ecografías que se realizan en todos los hospitales de Castilla y León excepto en los de Segovia y Ávila, «se van a seguir ofreciendo» –por lo tanto no es una nueva medida– y no va a ser un ofrecimiento a la embarazada, sino «bajo criterio médico», si el ginecólogo considera que pueden detectarse enfermedades o malformaciones en el feto. «En ningún caso es para que la madre pueda ver la cara del feto», aseguran a pesar de que la nota de prensa lo decía textualmente.El vicepresidente, Juan García-Gallardo, tan solo ha asegurado esta mañana que todas las medidas fueron «obviamente consensuadas con la Consejería de Sanidad» y que se aplicarán «inmediatamente». Fuentes de la Junta de Castilla y León han precisado a elDiario.es que la nota de prensa de la que ahora se desdice en parte Sanidad fue elaborada por la propia Consejería.En el pulso entre PP y Vox ha entrado Borja Sémper, portavoz nacional del comité de campaña recién nombrado por Alberto Núñez Feijóo. Sémper ha dicho que su formación no va a “tragar con cualquier cosa” y que expresará su rechazo a las medidas con las que no está de acuerdo y se quieran “imponer”. A su entender, son “perfectamente compatibles las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer”, informa Europa Press.Mientras tanto, ya hay dos consejeros ‘populares’ que respaldan las medidas anunciadas por el vicepresidente de Vox. La consejera de Familia, Isabel Blanco (PP), cree que las medidas son acertadas y asegura que «todo lo que sea avanzar en la mejora de la calidad, dar más servicios y prestaciones» es «bueno». Esas medidas se tomarán para «todas las mujeres embarazadas» y ellas elegirán «desde su libertad» si quieren o no utilizarlas.El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, (PP) ha subrayado la «absoluta voluntariedad» para las mujeres y los profesionales. «En ningún caso se va a obligar al sanitario a tomar una decisión en contra de la ley, porque estas medidas garantizan la correspondiente aplicación de la ley», ha aseverado en declaraciones a los medios.Carnero también ha negado que la implementación de estas medidas se abordara en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, aunque ha evitado valorar si esto supone una desautorización a las palabras del vicepresidente de la Junta. «No creo que ni lo esté desautorizando, ni no desautorizando», ha subrayado, tras lo se ha remitido a la información facilitada por la Consejería de Sanidad, cuya interpretación de los protocolos anunciados es a la que se acoge y la que considera «válida».Leer máselDiario.es – elDiario.es

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